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Después de un 2022 con crecimiento proyectado en 5 %, el país ya vive un nuevo año que hereda situaciones económicas viejas y otras a las que estar atentos, las cuales son destacadas por cerca de una veintena de entrevistados

Diario Libre le hizo la misma pregunta a 14 personas, entre estos experimentados economistas y representantes de sectores productivos del país: ¿cuáles son los tres principales retos de la economía dominicana para el 2023?

Las respuestas fueron llegando por escrito con rapidez y retos en común, siendo los siete en que más coincidieron: contener la inflación, garantizar el crecimiento económico, fomentar el empleo y las mipymes, aumentar y garantizar la inversión pública (o gasto de capital), atender aspectos fundamentales en el sector eléctrico, seguir la situación de crisis en Haití y poner atención al ámbito fiscal.

El 2023 hereda situaciones económicas complejas del 2022, cuando el 24 de febrero del año pasado comenzó la invasión rusa en Ucrania y sus efectos, junto con los remanentes de la pandemia del COVID-19, se siguen sintiendo en el mundo. Y hay temores de recesión en algunas economías.

Contener la inflación a pesar de las medidas

A noviembre de 2022, la inflación interanual iba en 7.58 %. Para el exministro de Economía, Isidoro Santana, mantener la inflación dentro de ciertos límites “ha sido hasta ahora uno de los mayores éxitos de esta gestión” de gobierno, contrario a lo que ha pasado en Estados Unidos y países de Europa, que han tenido niveles similares y hasta superiores al dominicano.

Sin embargo, observa que esto ha tenido sus costos en subsidios, una revaluación real cambiaria y “consecuente deterioro del balance comercial y endeudamiento del Banco Central para restar liquidez a la economía”.

La carrera por contener la inflación se mantiene para este 2023, aunque Santana indica que “algunos de los factores que la provocan han comenzado a amainar, como los precios de los combustibles, grasas y cereales”.

El reto ahora es mantener la inflación en descenso hasta que pueda converger con la meta del Banco Central (4 % ± 1 % antes de finalizar el segundo trimestre del 2023) en un entorno internacional complejo, donde persisten riesgos asociados a la guerra entre Ucrania y Rusia, indica Rafael Espinal, coordinador de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Germanía Montas, exsubdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos, considera que será retador lograr la meta sin exagerar las medidas que se adopten.

Recuerda que la tasa de política monetaria (guía de las demás tasas del sistema financiero) subió de 3.0 % en noviembre de 2021 a 8.50 % en noviembre de 2022, y con estos niveles, “parecería que esos incrementos deben moderarse o detenerse” en 2023. “Sin embargo, al menos a nivel internacional no es algo previsible de manera clara”, dice.

De lograrse bajar la inflación, se viabilizarían mejores condiciones crediticias para sectores productivos y hogares, considera Rosanna Ruiz, presidenta de la Asociación de Bancos Multiples de la República Dominicana (ABA).

Continuar creciendo en un contexto adverso

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas está “convencido de que para 2023 a la economía dominicana no le espera una recesión”, pero sí que “se moverá a un nivel inferior a su crecimiento potencial y puede terminar por debajo de un 4.6 % anual”.

No obstante, entiende que el crecimiento del país en este nuevo año puede entorpecerse si otros países entran en recesión, afectando el turismo, por ejemplo. A esto se le agrega que también afectaría las remesas de la diásposa, si ocurre en Estados Unidos, observa Magdalena Lizardo, coordinadora del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional del Intec.

“Seguir creciendo por lo menos por encima de un 4 %” es la meta que recalca el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini.

“Para lograrlo -dice-, no bastará solo el empuje del sector privado como en 2021 y 2022; será necesario que el gobierno logre ejecutar un plan de inversiones en obras sustancialmente mayor a los de 2021 y 2022, manteniendo el déficit del presupuesto controlado, reduciendo los subsidios a medida que baja la inflación. Una reducción del subsidio al sector eléctrico se hace hoy más urgente y necesario”.

Guillermo Caram, exgobernador del Banco Central, también agrega el reto de que la agropecuaria crezca a la par con la economía.

“La economía crece satisfactoriamente, pero desequilibradamente. El PBI agropecuario crece tres veces más lentamente que el PBI total y hasta 15 veces más lentamente que el turismo”, dice.

Analiza que, si hay crecimiento agropecuario, hay empleo rural. «Si hay empleo rural, se mitiga la emigración a centros urbanos desprovistos de bienes y servicios, produciendo hacinamiento y promiscuidad que mina la moral y aumenta propagación de enfermedades», comenta.

En un 2023 complicado, Rafael Espinal recalca la necesidad de mantener el ritmo de crecimiento “cercano al umbral del 5 %, a pesar de la política monetaria restrictiva que conlleva altas tasas de interés que desestimulan la inversión privada y el consumo”.

En diciembre de 2022, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó que el país crecerá 4.6 % en este 2023.

Ya sea que el porcentaje sea mayor o menor, Odalis Marte, secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, dice que, para lograrlo, el país se enfrenta a un contexto cargado de riesgos geopolíticos y de los efectos de la reciente ola de contagios de COVID-19 en China, por sus potenciales efectos en las cadenas globales de suministros.

Impulsar el empleo y las mipymes

La generación de empleos es un reto viejo que cruza desde el 2022 -y hasta antes- hacia el 2023. “Es determinante para incrementar los niveles salariales y así recuperar el poder de compra de las familias”, dice el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez.

“Durante los años 2020-2022, el fuerte aumento de precios superó el aumento de ingresos de los trabajadores, por lo que el ingreso laboral real se estancó a niveles del año 2015”, observa.

Magdalena Lizardo considera necesario que en 2023 se arribe a un pacto por el empleo que logre revertir la caída de los salarios reales respecto a los niveles existentes previo a la pandemia.

Analiza que el salario promedio por hora se ha reducido 13.1 % en términos reales, al pasar de un promedio de 101.8 pesos en 2019 a 88.5 pesos en enero-septiembre de 2022.

Para incentivar el empleo, Rosanna Ruiz entiende necesario: “promover la economía formal mediante incentivos tributarios simplificados, esquemas de garantías, políticas focalizadas, tejidos productivos asociativos, digitalización, emprendimientos y educación”.

El exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, considera que el fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y su gran importancia en la economía debe ser un tema permanente en la agenda, así como la innovación y el emprendurismo.

Con él coincide Celso Marranzini, quien entiende que un reto para el 2023 es, además de mantener el crecimiento del empleo formal en las mipymes, también en las empresas grandes.

César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep, estima que al cierre del 2022, el sector privado habría contribuido por encima del 85 % del producto interno bruto (PIB)”. “Para el 2023, debemos continuar incentivando y promoviendo la producción nacional y la inversión como fuentes esenciales para la generacion de empleo”, dice.

Aumentar el gasto de capital

Magdalena Lizardo observa que el gasto de capital del gobierno central se ha venido reduciendo sistemáticamente como proporción del PIB, desde un promedio de 2.7 % en 2014-2019 hasta 2.21 % en 2021. “Y es altamente probable que termine por debajo de 2 % en 2022”, dice.

“Hay problemas estructurales que para ser resueltos requieren de un mayor gasto de capital, como es el caso de los problemas de agua potable y saneamiento y vivienda. La competitividad de mediano y largo plazo del país se puede ver reducida en la medida que la inversión en infraestructura se debilita”, indica.

Considera que en este 2023, el gasto de capital del sector público puede ser clave para mantener niveles adecuados de crecimiento de la economía y el empleo.

“Crear un mayor espacio fiscal para el gasto de capital requiere que el gobierno haga un uso más racional de los subsidios generalizados a los combustibles y la electricidad”, estima.

Juan Ariel Jiménez observa que en los últimos dos años “la inversión en infraestructura ha estado muy rezagada, con fuerte nivel de subejecución, algo que debería cambiar en el 2023”.

Con ambos coincide Germania Montás, quien señala que, “aunque parece extraño, se ha vuelto típico que el gobierno no ejecute su presupuesto para gastos de capital”. Observa que, con excepción de 2017, desde 2013 no se ha ejecutado el total presupuestado.

“Es conocido que estos gastos tienen un mayor efecto multiplicador en la economía, dado que están relacionados con inversiones que agregan valor a la economía de forma más duradera. Sin embargo, además de que no se ejecuta lo presupuestado, en términos del PIB se han estancado en 2.3 %, mientras los gastos corrientes han ido en aumento”, comenta.

Rafael Espinal recuerda que la inversion pública estimula el crecimiento del sector construccion y la generacion de empleos.

Atender al sector eléctrico

Para Magín Díaz, exdirector de Impuestos Internos, el país hay tenido 50 años de crisis permanente en el sector eléctrico. “Cuando no es la distribución es la generación. Y cuando se piensa que hay una luz al final del camino, entonces viene un choque de precios externos que da al traste con cualquier avance”, dice.

Ante esto, Isa Conde, el exministro de Energía, considera un reto para el 2023 ejecutar los compromisos del Pacto Eléctrico, actualizándolos y completándolos. “Muy especialmente los referentes a las EDES (empresas distribuidoras de electricidad), reducción de pérdidas y eficiencia administrativa”, indica.

Este reto también es mencionado por Germania Montás, quien observa que los expertos en el tema energético señalan que “es imprescindible avanzar en la contratación de más capacidad de generación para satisfacer la demanda de los próximos años y se observa retraso en los procesos relacionados con el tema”.

Para lograr una mejora en el sector, Odalis Marte también ve como un reto ampliar la matriz energética para que el país sea más resiliente a fuentes de energía más caras.

Pero Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), también menciona como necesaria la despolitización del sistema eléctrico, que estima le costará en 2022 a los contribuyentes cerca de 1,600 millones de dólares por las transferencias corrientes que necesitan las distribuidoras en ese año.

Para 2023, dice que las necesidades del sector están presupuestadas en 1,231 millones de dólares, “sin embargo la realidad de los mecardos de materias primas de energía, y en particular del gas natural, indican que será superior al gasto de 2022”.

“Mantener la distribución de electricidad dentro del ámbito político impide que se creen los incentivos para que las EDE consigan operar con eficiencia, sin demandar subsidios del Gobierno Central”, señala.

Seguir situación en Haití y la cooperación internacional

“La situacion en Haití es un reto permanente para la República Dominicana, en lo económico, social, sanitario y para nuestra soberanía”, afirma Celso Marranzini. Por lo que es un reto que cita para el 2023.

También lo menciona Odalis Marte, quien considera que la inestabilidad política en Haití podría afectar la economía dominicana en cuanto irrumpiría el importante comercio con ese país. Por lo tanto, identifica como un reto el contribuir con la estabilización de ese país en cooperación con la comunidad internacional, para mantener un intercambio comercial regular.

“El hecho de que el país más pobre de América Latina y el de mayor crecimiento económico compartan una pequeña isla ya de por sí es un problema”, observa Magín Díaz. “Solo ese factor genera flujos de migración que a la larga resultan insostenibles. Ahora todo se ha agravado con el colapso total del Estado haitiano”.

El 21 de diciembre de 2022, las Naciones Unidas pidió a “todo país con capacidad para hacerlo” que considere de forma urgente participar en una fuerza militar internacional para ayudar a las autoridades de Haití a restaurar la seguridad y aliviar la crisis humanitaria.

Pero Guillermo Caram entiende que “la recurrencia unilateral, dominicana o haitiana, a organismos internacional, no ha dado resultados; por lo que se impone una acción conjunta, bilateral, preferiblemente con el endose de territorios antillanos, caribeños e hispanoamericanos, que sufren los efectos de la migración haitiana”.

“Esto es absolutamente esencial para que Haití retorne a la estabilidad institucional y vuelva al camino hacia la paz y el desarrollo sostenible”, dijo al Consejo de Seguridad la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed.

Para César Dargam, preservar la estabilidad política y la paz social en la República Dominicana es un reto para 2023. “Y avanzar en reformas estructurales que permitan consolidar nuestro desarrollo y que el mismo cada vez más permita mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos. Entraremos en un periodo preelectoral, en el cual es fundamental el respeto y elevar el debate”, dice.

Reestructurar la limitación fiscal

Magín Díaz comenta que el problema fiscal “sigue siendo el mismo de siempre”.

“El déficit del Gobierno es el mismo de las últimas décadas, pero ahora con menos inversión pública”, dice. “Esto tiene implicaciones políticas importantes. Las presiones que tiene el gobierno para aumentar el gasto son inmensas y la falta de inversión en infraestructura impacta el crecimiento económico en el largo plazo”.

Aunque el gobierno de Luis Abinader ha mantenido suspendida una reforma fiscal, Isa Conde entiende que para el 2023 se debe emprender una reforma fiscal integral por la vía del ingreso y del gasto. “Que sea justa, no regresiva, y con normativas capaces de garantizar una administracion tributaria eficiente”, dice.

“La limitación fiscal es el mayor enemigo de la precariedad de muchísimos servicios y ha impedido que el gobierno haya podido llevar a cabo reformas como las que se ha planteado en seguridad ciudadana, salud, agua potable y saneamiento y varios más, por más promesas que se han hecho”, dice el exministro Isidoro Santana. “Lo mismo se puede decir con el extremadamente bajo nivel de inversión pública que tiene el país”.

Sobre el déficit fiscal, como un reto, Miguel Collado señala la necesidad del desmonte de la deuda pública, no como porcentaje del PIB, sino en valores absolutos. Indica que los 253,545.5 millones de pesos incluidos en el presupuesto nacional por concepto de pago de intereses de la deuda (incluyendo transferencias por recapitalización del Banco Central) representarán el 26.4 % de los ingresos tributarios.

“De seguir el ritmo de endeudamiento, y con el encarecimiento de emitir nueva deuda, los riesgos para el país podrían ser superiores a partir del 2023”, dice.

Germania Montás advierte sobre la necesidad  de “mantener control sobre los subsidios que otorga el Estado, que ponen presión sobre los gastos”.

En tanto que Guillermo Caram resume todo en reestructurar la fiscalidad.